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Boletín de noticias 2 de marzo de 2012
EL TIEMPO
GOBIERNO ESPERA FALLO PARA DECIDIR SI VIVIANE MORALES VA EN LA TERNA
El ministro del Interior dijo que "resulta fundamental" conocer la providencia antes de proceder.
Germán Vargas Lleras aseguró que el presidente, Juan Manuel Santos, solamente tomará una decisión sobre la terna para elegir nuevo Fiscal General, cuando conozca el fallo del alto tribunal.
"Es importante conocer la providencia porque esto puede tener efectos, en primer lugar, sobre la actual Fiscal, en si la interpretación conduce a que sea incluida o no en la terna, de cuánto tiempo será el período del nuevo fiscal, de manera que resulta fundamental conocer el texto de la providencia del Consejo de Estado, antes de que el Presidente tome una decisión en esta materia", explicó el Ministro.
El pasado martes en la noche el alto tribunal anuló la elección de la actual fiscal, Viviane Morales, por considerar que el proceso su elección violó el reglamento de la Corte.
Para llegar a la elección de Morales, la Corte Suprema de Justicia modificó su reglamento interno con el fin de obtener la mayoría exigida para elegir Fiscal General.
Este miércoles, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que esperará a conocer el fallo, "su alcance y a ser notificados oficialmente pare ver cómo procederemos".
Inicialmente, el mandatario dio a entender que no descartaba incluir el nombre de Morales en la terna que deberá presentar a la Corte Suprema de Justicia.
El texto del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Morales se conocerá, al menos, dentro de un mes.
CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ IMPUESTO A LA TELEFONÍA CELULAR
Este tributo había sido creado en la Ley 1393 del 2010.
El impuesto era del 20 por ciento y tenía por objeto financiar la red de bibliotecas públicas.
Pero según la Corte violó el principio de unidad de materia, señalaron los magistrados en el fallo.
La norma establecía una serie de impuestos para financiar el sector salud, pero la sobretasa que se imponía estaba destinada a actividades culturales.
CORTE CONSTITUCIONAL REGAÑA AL GOBIERNO POR SITUACIÓN DE DESPLAZADOS
Magistrado Nilson Pinilla dijo que situación "ya está afectando la credibilidad del ato tribunal".
Después de ocho años de seguimiento, la Corte considera que no ha habido avances significativos para acabar con el abandono de la población desplazada y aún está lejos la posibilidad de acabar con ese fenómeno causado por el conflicto armado.
"Llevamos ocho años en esta lucha y nada. No pasada nada, ninguna de las fórmulas que ha traído el Gobierno para solucionar esta situación opera. ¿Qué viene ahora? ¿Seguiremos cambiando los nombres de las instituciones, inventando cifras significativas, o realmente se va a intensificar la labor del Estado para atender este fenómeno?", señaló el Magistrado.
Su reacción se produjo después de escuchar informes de la Procuraduría y la Contraloría en los que se desnudaron fallas en la labor del Estado.
Según el Ministerio Publico, se han detectado retrocesos en los programas de atención a desplazados en los departamentos de Chocó, Córdoba, Arauca, Nariño, Cauca y Bolívar.
La Contraloría, por su parte, señaló que ante la quiebra de municipios y departamentos, la Nación debe apoyar financieramente los programas para la atención del desplazamiento.
Según el organismo de control, entre 1997 y el 2010 hubo 3.100.000 desplazados y la única ciudad que ha podido atender parte de esa población ha sido Bogotá. Pero, mientras el Distrito asiste a 270 mil desplazados, otras 900 mil personas carecen de apoyo en el resto del país.
EL ESPECTADOR
FISCAL GENERAL SE PRONUNCIARÁ SOBRE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO
Se espera que Viviane Morales de luces sobre los recursos jurídicos que puede interponer en contra de la decisión que anuló su elección.
Todo está programado para que este viernes la fiscal General, Viviane Morales, emita su primer pronunciamiento oficial tras la nulidad que decretó el Consejo de Estado sobre su elección el pasado martes.
Se espera que Morales Hoyos presente unas palabras en un evento a los funcionarios de la Fiscalía con el fin de agradecer el apoyo durante su gestión que duró un año y un mes.
Acto seguido se espera un pronunciamiento oficial a los medios de comunicación sobre su posición frente a la decisión de alto tribunal, así como la posibilidad de integrar nuevamente la terna que tiene que proponer en los próximos días el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Igualmente se espera que responda preguntas sobre la posibilidad del nombramiento como fiscal encargado del actual Vicefiscal General, Wilson Alejandro Martínez.
En los últimos dos días se han intensificado las reuniones en su despacho con su equipo de trabajo de más alto nivel para dejar al día los procesos más importantes como los casos de las chuzadas de DAS, Agro Ingreso Seguro y la Dirección Nacional de Estupefacientes, entre muchos otros.
NO EXISTEN VICIOS DE NULIDAD EN LA ELECCIÓN DE LA CONTRALORA":PROCURADURÍA
En el concepto del Ministerio Público no se existen argumentos para declarar nula la elección de Sandra Morelli.
En un concepto enviado por la Procuraduría General a la Sección Quinta del Consejo de Estado, se hace una solicitud expresa para que se desestimen los argumentos presentados en la demanda que busca la nulidad de la elección de la contralora General, Sandra Morelli.
En en documento revelado por la FM, se considera que no existe una motivación ni argumentos claros y precisos para sostener que se presentaron irregularidades durante la elección de Morelli en el ente de control fiscal.
Para el Ministerio Público, ninguno de los puntos presentados por el accionante, en los que argumenta que Morelli Rico no cumplió con la cantidad de tiempo exigida por la ley en experiencia laboral para ser Contralora General, por lo que para la Procuraduría asegura que “no se presentan vicios de nulidad” en el acto administrativo que la eligió.
El concepto fue emitido por el procurador Séptimo Delegado ante el Contencioso Administrativo, Francisco Suárez, se aclara que Sandra Morelli laboró por más de 10 años en la Federación Nacional de Cafeteros, hecho que constituye y abarca la experiencia solicitada por la ley de cinco años en la función pública.
“Es viable computar, para efectos de acreditar el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley 42 de 1993, el ejercicio del arbitraje como función pública y como quiera que de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario la doctora Sandra Morelli Rico se desempeñó como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá por espacio superior a cinco años”, se aclara en el escrito del Ministerio Público.
Igualmente, para la Procuraduría General no se presentaron irregularidades, como lo señala el demandante, en el hecho de que el Congreso de la República no utilizadara la votación secreta como mecanismo para elegir a la Contralora.
“En la elección del contralor General de la República, a partir de la reforma introducida a la Constitución Política de 1991 por los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009. El voto secreto no tiene cabida, como sí la tiene el público y nominal, de acuerdo a la Ley de bancadas”, continúa el documento allegado a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Por último, en el concepto del Ministerio Público aclaró que pese a que si le existe razón a la demanda en el punto sobre el hecho de que que el presidente del Congreso no convocara de manera personal y por escrito, con ocho días de anticipación, a Sandra Morelli, esto no constituye “una irregularidad sustancial” para declarar una nulidad en su elección.
El debate
La Sección Quinta del Consejo de Estado estudia por estos días la demanda presentada contra la elección de la Contralora General la cual fue acogida desde inicios de enero.
La Sala, integrada por cuatro magistrados, ya se encuentra analizando el borrador de fallo que proyectó el magistrado Alberto Yepes, en el que se pide declarar nula la elección de Morelli.
No se descarta que en cualquier momento la sala plena del Consejo de Estado le pida el expediente a la Sección Quinta para que sea conocido por los 27 magistrados, por su trascendencia e importancia nacional, así como por su complejidad.
CONGRESISTAS, DUEÑOS DE SUS CURULES
Fallo del Consejo de Estado abriría la puerta para que parlamentarios disidentes del Polo se marginen de la colectividad.
Luis E. Garzón, codirector del Partido Verde, está inconforme con la decisión frente a la doble militancia. Jaime Dussán, del Polo, había anunciado una demanda por doble militancia contra disidentes de su colectividad.
Con suficientes argumentos para abandonar el Polo Democrático Alternativo y vincularse al movimiento Progresistas, encabezado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quedaron los senadores que se han declarado en contravía de las decisiones y los planteamientos de su colectividad. Esta es la conclusión del fallo emitido por el Consejo de Estado, según el cual la doble militancia no es causal de pérdida de investidura.
De acuerdo con la argumentación de la sentencia, en el Acto Legislativo 01 de 2003 se planteó que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Pero al introducir esta prohibición, el constituyente, como ha reiterado una y otra vez esta corporación, no dispuso que su desobediencia configurara causal de pérdida de investidura”.
Aclara la decisión del Consejo de Estado que la doble militancia debe ser sancionada dentro de los estatutos de los partidos, sin que en éstos se pueda plantear la pérdida de investidura, “serán los partidos y movimientos políticos quienes mediante sus reglamentos internos ejercerán el control para evitar que sus afiliados incurran en doble militancia. O lo que es igual, según lo pregona el artículo 108 constitucional, será en los estatutos de los partidos políticos donde se regule el régimen disciplinario interno”.
Para el senador Luis Carlos Avellaneda, uno de los disidentes del Polo Democrático, la decisión del Consejo de Estado obedece a lo contemplado en el artículo 183 de la Constitución, en donde están planteadas las causales de pérdida de investidura: por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por inasistencia a sesiones donde se voten actos legislativos o mociones de censura, por no tomar posesión en los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, por indebida destinación de dineros públicos y por tráfico de influencias.
Sin embargo, Avellaneda advirtió que la intención del Polo de presentar una demanda por presunta doble militancia no tiene ningún asidero jurídico, porque “ninguno de los disidentes se ha marginado del partido, por el contrario, nos hemos mantenido con sentido crítico y no permitiremos que se nos imponga ningún tipo de mordaza”.
Como era de esperarse, la decisión del Consejo de Estado no cayó bien en la dirigencia de los partidos. El copresidente del Partido Verde, Lucho Garzón, manifestó que propondrá a la colectividad iniciar el trámite de una reforma constitucional que abra la posibilidad de retirarles la investidura a los miembros de un partido que incurran en doble militancia.
“Vamos a conversar con la bancada, porque definitivamente en las condiciones actuales uno no sabe con quién va a contar para las elecciones de 2014. Con esta decisión lo que hace es volver a los partidos un cine continuo, donde entran, salen y se acomodan en otro partido. Esto no les da seriedad a las organizaciones partidarias”, advirtió Garzón.
Este planteamiento es respaldado por el presidente del Partido de la U, Juan Lozano, quien afirmó que “el hecho de que la doble militancia no acarree como sanción la pérdida de investidura, no quiere decir ni que sea deseable, ni que sea buena, ni que pueda quedar impune”.
Precisamente en el Partido Verde el Comité de Ética de la colectividad inició una investigación de oficio contra los congresistas Ángela María Robledo y John Sudarsky por presunta doble militancia, al retirar su apoyo a la aspiración de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, en las pasadas elecciones. Acusación que ha sido rechazada por los parlamentarios argumentando su derecho a disentir en el interior del partido.
Aunque la sentencia del Consejo de Estado deja tranquilos a los congresistas que podrían ser objeto de demandas ante este tribunal por presunta doble militancia. Los disidentes del Polo Democrático reconocen que en la eventualidad de aspirar a ser reelegidos en el Congreso bajo las banderas de otra colectividad tendrían que renunciar un año antes, tal como lo plantea la norma.
Por eso mantienen su decisión de incluir en el debate del Código Electoral un artículo en el que se plantea la posibilidad de escindir (dividir) el partido, alternativa que podrá ser propuesta “por el 30% de los miembros de la bancada del Senado o la Cámara, elegidos con el aval del partido o movimiento político a escindir y se solicitará ante el Consejo Nacional Electoral, que se pronunciará dentro de los ochos días siguientes a la presentación de la solicitud”.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aceptó las implicaciones de este fallo y manifestó que “es una tesis nueva que puede tener consecuencias en materia de cambio de partidos de cara al proceso electoral”. Y es que la principal preocupación es la imposibilidad de mantener la disciplina en los colectividad, motivo por el cual se tramitó la Ley de Bancadas, iniciativa de la cual fue ponente Vargas Lleras cuando se desempeñaba como senador
"PROCURADORES HAN MENTIDO DE MANERA GROSERA": MÓNICA ROA
La procuradora Ilva Myriam Hoyos la denunció por tergiversar las sentencias de la Corte referentes a la interrupción del embarazo.
¿Cree que la denuncia de la procuradora Hoyos tiene fundamento?
Claro que no lo tiene y ella es una persona muy inteligente y lo sabe. La pregunta es: ¿qué es lo que están buscando con esto?
¿Ya la notificaron de la denuncia?
No, yo me enteré por Caracol Radio, realmente. El martes por la noche cogí un vuelo a Nueva York y al llegar por la mañana ya había salido la noticia. Eso es lo único que sé.
¿Por qué denunciarla ahora?
Creo que no es coincidencia por dos razones: primero, que recién empezamos la campaña ‘Procura’. Y segundo, porque la Corte Constitucional acaba de empezar a estudiar una tutela que pusimos contra el procurador Ordóñez y las procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, por desinformar sobre los derechos reproductivos.
¿Desinformar de qué manera?
Documentamos mentiras que ellos han dicho. Por ejemplo, decir que la orden de la Corte Constitucional de implementar campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos se trataba en realidad de campañas de promoción del aborto. O tergiversar conceptos de la Organización Mundial de la Salud. O enviar cartas como la que envió Hoyos en marzo de 2010, diciéndole a la Superintendencia de Salud que como el aborto no era un derecho ésta no estaba en la obligación de remover obstáculos para que las mujeres que hayan sido abusadas sexualmente, que su salud esté en riesgo por el embarazo o cuyos fetos no tengan posibilidades de sobrevivir, puedan acceder a este tipo de tratamientos.
¿No es válido que la Procuraduría respalde su punto de vista contra el aborto?
Esos procuradores han mentido de manera grosera. Ellos están obligados a presentar información confiable, mucho más, cuando se trata de relaciones con otros entes estatales que están obligados a cumplir las normas.
¿Qué opinión le merece la denuncia en su contra?
Hemos sido rigurosas, respetuosas y transparentes. Las críticas a la gestión del procurador las hemos llevado a las instancias judiciales que corresponden. Es ilógico que ahora se nos acuse de tergiversar la jurisprudencia.
¿De qué se trata la campaña ‘Procura’?
Es una veeduría para revisar los candidatos a la Procuraduría, sean quienes sean, para que respeten la Constitución y no discriminen. No va en contra ni a favor de ningún candidato. Es invitar a los ciudadanos a que conozcan cuales son las funciones que le corresponden a la Procuraduría y que, con base en eso, pensemos qué procurador debemos tener. Es una defensa de la institucionalidad.
¿Se opone a las creencias religiosas del procurador Ordóñez?
Su religión fanática es lo de menos si cumpliera con su mandato.
¿No cree que son muy duras sus críticas contra el procurador?
Hemos sido muy cuidadosos en asegurarnos que todas nuestras críticas sean en el marco del respeto a la Constitución y de las funciones que se le atribuyen al procurador. Independiente de su religión, el problema es que no está cumpliendo con las funciones que le competen, como vigilar el cumplimiento de la Constitución y de decisiones judiciales. La sentencia que legalizó parcialmente el aborto es una decisión judicial, y él no hace más que sabotearla.
MAGISTRADOS NIEGAN CARRUSEL DE PENSIONES EN LA JUDICATURA
Julia Emma Garzón y Henry Villarraga dijeron que hay presiones a la justicia.
Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura implicados en el carrusel de pensiones desmintieron que hayan cometido cualquier delito en ese sentido.
En sus versiones ante la comisión de Acusaciones de la Cámara, los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, negaron ser parte de ese carrusel.
Garzón dijo a los periodistas que en los nombramientos que hizo y de los cuales se le señala de ser parte del carrusel, "tuve en cuenta los preceptos constitucionales y legales".
"Hice los nombramientos de acuerdo a la destrezas jurídicas, al profesionalismo y la honorabilidad de las personas que me iban a acompañar", sostuvo.
Además, la magistrada habló de una persecución en contra de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que se está realizando una reforma a la justicia pero considero que "la verdad tiene que salir en nombre de Dios".
A su turno, el magistrado Villarraga dijo contar con todos los documentos para demostrar su inocencia frente al presunto carrusel pensional.
Sin embargo, prefirió no detallar cómo será su defensa ante la investigación que desarrolla la Cámara en su contra.
El miércoles, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lozano, dijo que "no es cierto que existan carruseles".
Al citar el caso de su homólogo Ovidio Claros Polanco - quien fue señalado de estar implicado en el carrusel- Lizcano dijo que "le aparecen en la lista (de pensiones) nueve personas, donde muchas de ellas no pasan de los 40 años de edad (…) él nos presentó en la sala las pruebas que su despacho no ha generado ninguna pensión".
"Es un ataque con segundas intenciones, de quién, no sé, pero le han dado datos incorrectos a los medios", sostuvo.
La comisión de Acusaciones de la Cámara desarrolla la indagación del carrusel de pensiones de la justicia.
SIN PASAR LA PÁGINA
La oficina de la alta comisionada para las Naciones Unidas en Colombia entregó hace pocos días su informe anual de derechos humanos para nuestro país.
Entre otros temas, se refiere a la situación de los defensores de estos derechos, las organizaciones criminales que existen después de la desmovilización, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la desaparición forzada y, llama la atención, un tema sobre el cual no se puede pasar la página (aunque a veces se nos insinúe que lo hagamos): las ejecuciones extrajudiciales, conocidas por la ciudadanía en general como los ‘falsos positivos’.
Esa práctica terrible, que cobró resonancia desde 2008 cuando, presuntamente, civiles inocentes fueron masivamente disfrazados de miembros de grupos armados y asesinados para inflar las cifras de guerrilleros o delincuentes caídos en combate. El escándalo se desató una vez se supo que algunos jóvenes habían desaparecido de Soacha, municipio vecino de Bogotá, y aparecieron después como bajas del conflicto armado en departamentos alejados de sus hogares. Los casos se multiplicaron en muchos otros municipios del país y creció la alerta. Las imágenes despertaron la indignación nacional: esos cadáveres tirados en el piso que, en algunas ocasiones, evidenciaban la maquinación de la artimaña, algunos incluso con las botas puestas al revés, le dieron la vuelta al país.
Hoy la ONU afirma que, pese a que la práctica ha disminuido, persiste en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar. Insiste, además, en que hay muchas inconsistencias en los informes entregados por las autoridades y la tendencia de éstas a estigmatizar a las víctimas, negar la existencia de las ejecuciones y desprestigiar el sistema judicial cuando produce sentencias condenatorias.
Por supuesto, este informe preocupa y da para una reflexión muy amplia. En la justicia, por ejemplo. En no dejar impunes esos 1.622 casos acumulados en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (para agosto de 2011, según el informe) de presuntos homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública, involucrando a cerca de 4.000 uniformados. En el mensaje claro y oportuno de separar, con unos lineamientos contundentes, los casos que debe resolver la justicia penal militar, por un lado, y la justicia ordinaria, por el otro. El debate sobre el fuero militar no puede obviar esta realidad. Enhorabuena el Gobierno lo retiró de la reforma a la justicia y decidió debatirlo después, en un escenario que propicie una discusión particular y no con un artículo colado en la reforma.
Pero hay más para reflexionar. Y es la actitud de algunos miembros de la Fuerza Pública respecto de los fallos que se hacen sobre ellos. Lo hemos dicho antes: que se investigue no constituye un ataque a la institucionalidad de este país, ni tampoco debe ser visto como una forma de desmoralizar a la tropa: es simplemente un intento legítimo por arribar a la verdad. Si existen esos cadáveres y, presuntamente, no son miembros de grupos al margen de la ley, tiene que indagarse por el responsable. Es lo mínimo. No puede estigmatizarse ni a los entes de investigación, ni a los jueces y mucho menos a los familiares de las víctimas.
El llamado es general. No con cada informe anual de la ONU debemos recordar estos episodios. Es necesario, también, hacer un poco de memoria cada vez que sea posible. Si bien es cierto —y esto es positivo— que las ejecuciones han disminuido, también lo es que el Gobierno deberá poner más atención al tema para acabar definitivamente con la práctica. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha dicho que es mejor que las denuncias se precisen para determinar los casos concretos. Es verdad, pero ojalá sea pronto. Mientras la práctica se erradica, es oportuno reconstruir sus piezas y crear un poco de memoria alrededor
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Por: Carolina Botero Cabrera
Los datos personales de los usuarios sirven para interesantes debates y desarrollos actuales.
Durante las últimas semanas hemos visto la inconformidad de los internautas por cuenta de los cambios en las políticas de privacidad de Google, que recuerdan al Gran Hermano; conocimos la aplicación para Mozilla (Collision) que nos posibilita identificar a quienes nos vigilan y toman nuestros datos mientras navegamos (aprendiendo de eso podremos reaccionar al entorno hiperdateado). Y, claro, presenciamos la disputa y acuerdos por la denuncia de académicos sobre cómo Google aprovechaba un resquicio en el manejo de datos de usuarios de Apple y la forma más bien oportunista en que Microsoft se cuela en esa pelea.
Es que la información personal es muy valiosa, con ella se paga casi todo lo “gratis” en la Red (sirve para crear los perfiles base del servicio de publicidad dirigida de Google por ejemplo) y es aprovechada en forma indiscriminada por muchos (recuerde el proselitismo político por correo electrónico de la última campaña o la llamada al celular de un banco que no es el suyo para ofrecerle servicios)
Algunos creen que debemos resignarnos a perder control, otros pensamos que todavía podemos decidir al menos la forma como renunciamos a la privacidad, pensamos que el marco mínimo para hacerlo debe darlo el Estado. En Colombia la Corte Constitucional ya declaró excequible la ley que aborda este tema (con excepción de un artículo relacionado con información para inteligencia) y avanza la reglamentación con la creación de la Delegatura de protección de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encargará de su observancia. Durante los próximos meses quienes recojan información personal deberán por ejemplo: registrar las bases de datos en que almacenan dicha información y, desarrollar y hacer pública su política de seguridad para custodiar datos. En esencia se limitará el manejo de datos personales so pena de sanciones a empresas y personas que incumplan.
Es complicado pensar que la ley garantiza todo, pero es importante que se cree el marco de transparencia para lo que se ha convertido en moneda en nuevos modelos de negocio, nos permite pensar que todavía podemos decidir conservar algo de privacidad.
¿UN HOMÓNIMO?
Por: Yesid Reyes Alvarado
El pasado 17 de febrero, en el foro del lector de El Tiempo, se publicó una nota firmada por Pedro A.
Herrera Miranda en la que felicitaba a dos colaboradoras de esa casa editorial por sus columnas críticas contra la sentencia que en segunda instancia condenó al retirado coronel Plazas Vega como autor de desapariciones forzadas.
Ese nombre evoca hechos cercanos, como el testimonio que dentro de ese proceso rindió un coronel de la Policía Pedro A. Herrera Miranda detallando la manera como cumplió el encargo de recoger todos los cadáveres del Palacio de Justicia y llevarlos al primer piso de la edificación para que allí un funcionario de la justicia penal militar se encargara de adelantar las diligencias de levantamiento. Esa alteración de la escena del delito, que tanto criticaba por aquella época el general Delgado Mallarino cuando como director de la Policía impartía clases de criminalística, ha sido uno de los factores que más ha dificultado el esclarecimiento de la forma en que murieron muchos de los rehenes y la identificación de los desaparecidos.
Pero también es un nombre que lleva a recuerdos más lejanos. Pocos días después de terminada la toma del Palacio de Justicia, cuando se cuestionaba el sospechoso retiro de la vigilancia del edificio, el coronel Pedro A. Herrera Miranda afirmó bajo juramento que esa orden la había recibido del presidente de la Corte el 30 de octubre de 1985, quien se la habría impartido en su despacho; muerto él y su secretaria, no parecía haber forma de refutar las afirmaciones del uniformado.
Para quien supiera que Alfonso Reyes era amigo personal del entonces director de la Policía desde hacía más de veinte años, resultaba poco creíble que aquel buscara a un oficial de segunda línea para manifestarle su supuesta inconformidad con el servicio de custodia. Pero además los magistrados de la Corte aseguraron que tanto ellos como su presidente estaban muy preocupados por su seguridad y jamás pensaron en prescindir de la vigilancia que les había sido asignada. Como si fuera poco, el día de la supuesta reunión Alfonso Reyes no se encontraba en Bogotá, pues había viajado muy temprano a la ciudad de Bucaramanga para participar en un foro académico donde decenas de personas lo vieron disertar a la misma hora en que el declarante lo situaba en su oficina ordenando el retiro de la guardia.
Con base en esas pruebas el coronel Pedro A. Herrera Miranda fue denunciado por falso testimonio, pero el proceso fue asumido por la justicia penal militar al considerar que esa actuación era un acto propio del servicio. Los jueces castrenses lo absolvieron y poco después fue ascendido a comandante en un departamento de la costa atlántica por quien fungía como director de la Policía.
Probablemente no sea más que una extraña coincidencia; es factible que el Pedro A. Herrera Miranda que con esa carta muestra su inconformidad con la condena del coronel Plazas Vega nada tenga que ver con el oficial de la Policía que alteró la escena del delito, ni con quien intentó desviar la investigación atribuyendo al presidente de la Corte la decisión de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia. Quizás sea solo un homónimo.
EL NUEVO SIGLO
CORTE PIDE ACTUAR POR AUMENTO DE DESPLAZADOS
Acortar el tiempo de respuesta a las necesidades de los desplazados, ya que la sentencia que ordenó el cumplimiento de sus derechos lleva 8 años y no pasa nada, pidió la Corte Constitucional a los entes gubernamentales.
En la audiencia de seguimiento realizada ayer, se señaló que esto está afectando, incluso, la credibilidad del Alto Tribunal.
“Ya no es momento de seguir ideando formulas o mecanismos, es momento de ejecutar verdaderamente la crisis para la República de Colombia es muy seria y ya está afectando otro punto que es grave y es la credibilidad de la Corte Constitucional, llevamos ocho años en esto y no pasa nada y la Corte no opera”, dijo el magistrado Nilson Pinilla, quien hace parte de la comisión de seguimiento de la sentencia.
Sostuvo que es evidente que se está cumpliendo la colaboración para el tema, pero dijo que hay personas que requieren vivienda, alimentación y atención inmediata.
Dijo que si bien es cierto llevan ocho años luego que se emitió el fallo en el que se ordena la solución de cosas inconstitucionales sobre el tema del desplazamiento, hay informes positivos y optimistas, pero si se habla de una nueva línea de base a partir de 2013 vamos a volver a empezar.
“Nosotros los escuchamos con cordialidad pero hay gente que no tiene techo ni educación para sus hijos, están deambulando por las ciudades dejando en evidencia el estado de cosas inconstitucionales tan grave detectado hace ocho años”, dijo el magistrado Pinilla.
Durante una audiencia sobre el tema de los desplazados, el magistrado Nilson Pinilla, aseguró que el paso de los años está generando desesperanza entre las personas que fueron obligadas a dejar sus tierras.
“¿Seguiremos haciendo estas audiencias de pronóstico, inventándonos cifras significativas, o realmente vamos a intensificar las labores del Estado para que esto se supere? ¿Será que no lo vamos a lograr?”, indagó el magistrado.
Según Pinilla, la gente continúa deambulando de un lado para otro sin un techo dónde vivir, y la situación pareciera no tener una solución a corto plazo.
Por su parte, el delegado de la Contraloría Luis Alberto Higuera, explicó que la mayoría de municipios no tienen la capacidad para atender a los desplazados.
“En el departamento del Meta, difícilmente en la mayoría de municipios donde la población desplazada ha sido acogida, se les puede garantizar el goce efectivo de sus derechos. Cuando se compara el Meta con Bogotá, se observa que Villavicencio tiene su fortaleza disminuida en un 33 por ciento, respecto a lo que representa la capital”, explicó Higuera.
La viceprocuradora, Martha Castañeda, también señaló que en algunos departamentos del país la atención de los desplazados no ha mejorado, y por el contrario pareciera empeorar.
“En departamentos como Arauca, chocó, Córdoba, Cauca, Bolívar, hemos observado retrocesos y obstáculos en la prevención del problema, lo cual quiere decir que no podemos afirmar que estemos ante un goce efectivo de derechos en atención y prevención”, afirmó Castañeda.
RAMA JUDICIAL INSISTE EN PRESUPUESTO DEL 5%
En la necesidad de volver a la fórmula propuesta por las altas Cortes en la reforma a la justicia de un 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación para financiar la rama judicial, coincidieron varios actores de este sector en la tercera mesa que sobre este proyecto que discute el Congreso, organizó la Corporación Excelencia en la Justicia.
Desde Asonal Judicial, Fabio Hernández y Luis Fernando Otálvaro, afirmaron que la Rama Judicial tiene grandes retos hacia futuro, en materia de infraestructura, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), descongestión judicial y ampliación de la planta de personal. En consecuencia, opinaron que el incremento de presupuesto para la Rama Judicial es una necesidad inmediata, manifestando su apoyo a la fórmula inicial del Consejo de Estado en el sentido de asignar 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación a la Rama.
Las preocupaciones acerca de las deficiencias de infraestructura y personal fueron compartidas por los magistrados Jaime Arrubla y Luis Fernando Álvarez, quienes agregaron que la coyuntura actual está marcada por múltiples cambios procesales (como la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la eventual aprobación del Código General del Proceso). De igual forma, coincidieron al opinar que se hace necesario que dicho tipo de reformas legales pasen por estudios rigurosos para la proyección de sus costos, a fin de no resultar siendo innovaciones fracasadas.
Frente a este tema el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anticipó que durante la segunda vuelta en el Congreso de la Reforma a la Justicia, queda pendiente un fuerte trabajo en materia de determinar las necesidades de la Rama Judicial y ajustar así la formula aprobada en primera vuelta.
De igual forma, reconoció que se hace preciso también realizar mejoras en materia de gobierno y administración judicial, a fin de garantizar una mejor gestión de recursos por parte de la Rama.
Invitó a todos los estamentos a continuar participando en las discusiones sobre este importante tema, señalando que para el Ministerio son importantes todos los aportes que se hagan en la materia.
CANDIDATO BIEN OPCIONADO
El ex magistrado Fernando Arboleda Rippol, penalista reconocido, catedrático en maestrías y abogado del presidente Santos, es considerado el candidato más opcionado para suceder a la saliente Viviane Morales Hoyos en la Fiscalía General de la Nación.
El jurista, que tiene gran prestigio internacional, laboraba en Quito como embajador en Ecuador, posición que dejó para ser ternado como candidato a la Procuraduría General de la Nación.
Por su limpia hoja de vida y su dilatada trayectoria profesional, a Arboleda Rippol se le ubica en altos círculos para acceder a la dirección del ente judicial.
Fue compañero de Sala en la Corte Suprema de Justicia de prestigiosos juristas como Jorge Aníbal Gómez, Ricardo Calvete, Dídimo Páez, Jorge Enrique Valencia, Hernando Torres y Jorge Córdoba. Estamos convencidos de la absoluta confianza que le tiene el Presidente de la República.
Frontal ataque. Un descarnado análisis de la polémica reforma a la Justicia, próxima a entrar a segunda vuelta en el Congreso de la República, hizo el ex ministro y ex constituyente Hernando Yepes Arcila.
En interesante diálogo con Margarita Vidal para El País, de Cali, el jurista caldense dio esta opinión sobre la iniciativa en trámite legislativo:
“… En su primera formulación por el gobierno nacional fue un proyecto mediocre, amorfo, caótico y carente de sistema. Por eso no sobrevivió al primer día de su discusión al comienzo de la administración Santos, quien tuvo que recogerlo precipitadamente. Vuelto a presentar, un año después, con solo cambios cosméticos, su falta de consistencia orgánica facilitó la azarosa trayectoria que sufrió en las cámaras donde los parlamentarios aprovecharon su debilidad intrínseca para incluir las más disparatadas propuestas”… “Hay que reconocer, sí, los esfuerzos del ministro Esguerra para adecentarlo, pero el carácter general ya estaba definido antes de su ingreso al ministerio”.
Salvando algo. Margarita le preguntó a Yepes si ad portas de la segunda vuelta, no le encuentra ningún acierto al proyecto de reforma judicial.
“Entre los pocos, el de rectificar la infortunada asignación a las Cortes de un papel que les es naturalmente extraño como es la designación de las Controlarías y la Procuraduría General, que con buen propósito y torpe inspiración les concedió el Constituyente del 91”… “También es plausible la iniciativa de prorrogar hasta los 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados, porque con ello se corregiría el esquema actual de acceso precoz a la magistratura, y retiro igualmente temprano, que priva al país del servicio de los mejores representantes de la justicia en sus años de madurez y mayor productividad”.
REVISTA SEMANA
"REGLAS CLARAS" AL CONFLICTO ARMADO, PRINCIPAL OBJETIVO DE REFORMA A JUSTICIA MILITAR
El proyecto de reforma a la justicia penal militar busca elevar a rango constitucional que conductas son permitidas por el Derecho Internacional Humanitaria en el marco de un conflicto armado.
Según el borrador del proyecto, la Constitución definirá qué conductas son propias de la confrontación de la fuerza pública a las guerrillas. De ser aprobado, por primera vez la carta política reconocerá en Colombia la existencia de un conflicto armado.
La Comisión Asesora del gobierno para la reforma de la justicia penal militar reveló mayores detalles de su informe de recomendaciones que tanto había sido reclamado por los partidos políticos y que motivó al presidente Juan Manuel Santos el retiro del polémico artículo que ampliaba los alcances del fuero militar en la reforma a la justicia.
Dichas recomendaciones se traducen en un borrador de proyecto, conocido por Semana.com, que pretende reformar el artículo 221 de la Constitución, precisamente el que establece las competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria para el procesamiento de uniformados de las Fuerzas Armadas y de Policía.
El principal objetivo del futuro proyecto será reglamentar las conductas propias de las Fuerzas Militares y la Policía en el marco del conflicto armado interno. En consecuencia, si esta reforma prospera en el Congreso, por primera vez la Constitución reconocería la existencia de un conflicto armado en el país (la Ley de Víctimas ya hizo igual reconocimiento).
La razón, según explica Eduardo Montealegre, miembro de la comisión asesora del Gobierno, es que el código penal colombiano "es insuficiente para valorar la conducta de los miembros de la fuerza pública en el conflicto armado".
Por ejemplo, dice, la muerte en combate de un actor ilegal dentro del conflicto interno no se puede resolver con las actuales estructuras de imputación del código penal. Un hecho que puede estar exonerado de responsabilidad si el miembro de la fuerza pública acata específicamente las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La definición del conflicto armado
La fórmula que propone la comisión es que la Constitución obligue al Congreso de la República a proferir una ley estatutaria donde "claramente se armonice el tratado de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, con el derecho interno colombiano".
Dicha ley, explica Montealegre, especificará las estructuras de imputación que aplican en el derecho internacional de los derechos humanos, y cuáles aplican cuando se trata del conflicto armado.
En ese sentido, se precisará que "el núcleo fuerte de protección de los derechos humanos" y los delitos o crímenes de lesa humanidad como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento y el abuso sexual, serán de competencia de la justicia ordinaria y por ningún motivo de la justicia penal militar.
Mientras que todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con excepción de los delitos antes mencionados, serán de competencia de la justicia penal militar.
El concepto de expertos castrenses
La propuesta también incluye la creación de una "comisión mixta", integrada por miembros de la policía judicial de la jurisdicción ordinaria y de la justicia penal militar, quienes deberán establecer, en primera instancia, cuál es la competencia para determinado proceso contra miembros de la fuerza pública.
Montealegre explica que esta comisión "no suplantará" las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, corporación que seguirá definiendo los conflictos de competencia.
El propósito con esta propuesta es que la Constitución no establezca la presunción de que todos los actos de los miembros de la fuerza pública corresponden al servicio (como lo establecía la reforma a la justicia y que fue muy cuestionado por la ONG Human Rights Watch), pero a la vez quitar los temores de las Fuerzas Armadas sobre la actual tendencia de la jurisprudencia colombiana, que "ante la mínima duda", el caso es trasladado a la justicia ordinaria, como lo advierte el magistrado Jorge Armando Otálora, miembro del Consejo Superior de la Judicatura, quien además afirma que el 90 por ciento de conflictos de competencia "son favorables a la justicia ordinaria".
El representante Germán Navas Talero (Polo) cuestiona esta propuesta al afirmar que al crear una comisión previa, integrada por miembros de la justicia penal militar, se "está desconfiando de la justicia ordinaria colombiana" y se podrían presentar excesos como la manipulación de pruebas.
Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, dice que si el argumento para crear esta comisión es que los jueces y fiscales civiles desconocen los procedimientos castrenses, se debería crear una unidad especializada en la justicia ordinaria y capacitar a quienes la integren.
Montealegre controvierte al insistir en que el concepto de esta comisión mixta solo es preliminar y no sustituirá a la Judicatura, que sigue con la función de definir las competencias.
Autonomía de la Justicia Penal Militar
Las tercera propuesta es eliminar cualquier norma de carrera administrativa al interior de la Justicia Penal Militar en la cual las reglas para los ascensos carezcan de vinculación con los altos mandos de la fuerza pública.
El propósito es que la justicia penal militar adquiera mayor independencia de la actual estructura de mando de las fuerzas militares, una situación que también ha sido muy cuestionada por Naciones Unidas y ONG internacionales.
Nuevo tribunal de garantías
Actualmente, la función de juez de control de garantías en los procesos contra miembros de la fuerza pública la cumplen jueces de rango de penal municipal.
La propuesta es que se cree un tribunal "de muy alto nivel", con rango de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que cumpla la función de garantías en los procesos que involucren a uniformados, y que tenga el poder preferente para continuar con el conocimiento de estos casos.
Justicia especializada para la Policía
La propuesta también plantea la creación de un código penal para la Policía, independiente de la jurisdicción especializada para los militares.
Una propuesta que fue controvertida por el exfiscal Alfonso Gómez Méndez quien afirmó que, antes de la Constitución, se establecía que los actos de la Policía serían de conocimiento de la justicia ordinaria, pero porque las funciones de la fuerza pública estaban separadas de las de las fuerzas militares.
Gómez Méndez considera que sería más pertinente la redefinición de las funciones de Ejército y Policía, pues en la actualidad hasta comparten las mismas responsabilidades en el conflicto armado y en la persecución a los grupos armados ilegales.
Esa es la columna vertebral del futuro proyecto de reforma a la justicia penal militar y que el gobierno se comprometió a radicar en el Congreso el próximo 16 de marzo. Una iniciativa que advierte una fuerte discusión en el parlamento.
CMI
REGAÑO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AL GOBIERNO POR ATENCIÓN A DESPLAZADOS
Para Nilson Pinilla, la gente continúa deambulando de un lado para otro sin un techo dónde vivir.
La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno porque después de ocho años de haber ordenado atención especial a los desplazados, esta población continúa viviendo en estado de indefensión.
Durante una audiencia sobre el tema de los desplazados, el magistrado Nilson Pinilla, aseguró que el paso de los años está generando desesperanza entre las personas que fueron obligadas a dejar sus tierras.
“¿Seguiremos haciendo estas audiencias de pronóstico, inventándonos cifras significativas, o realmente vamos a intensificar las labores del Estado para que esto se supere? ¿Será que no lo vamos a lograr?”, indagó el magistrado.
Según Pinilla, la gente continúa deambulando de un lado para otro sin un techo dónde vivir, y la situación pareciera no tener una solución a corto plazo.
“Ya no es el momento de seguir ideando fórmulas o mecanismos, el problema es serio y está afectando la credibilidad de la Corte Constitucional. Llevamos ocho años en esta lucha y no pasa nada, entonces dicen que la Corte tampoco sirve”, añadió.
Por su parte, el delegado de la Contraloría Luis Alberto Higuera, explicó que la mayoría de municipios no tienen la capacidad para atender a los desplazados.
“En el departamento del Meta, difícilmente en la mayoría de municipios donde la población desplazada ha sido acogida, se les puede garantizar el goce efectivo de sus derechos. Cuando se compara el Meta con Bogotá, se observa que Villavicencio tiene su fortaleza disminuida en un 33 por ciento, respecto a lo que representa la capital”, explicó Higuera.
La viceprocuradora, Martha Castañeda, también señaló que en algunos departamentos del país la atención de los desplazados no ha mejorado, y por el contrario pareciera empeorar.
“En departamentos como Arauca, chocó, Córdoba, Cauca, Bolívar, hemos observado retrocesos y obstáculos en la prevención del problema, lo cual quiere decir que no podemos afirmar que estemos ante un goce efectivo de derechos en atención y prevención”, afirmó Castañeda.
Al final de la audiencia, la Corte decidió suspender la siguiente jornada programada para finales de marzo y anunció un cambio en su estrategia de trabajo con todas las instituciones y organismos involucrados en el tema de desplazados, con el propósito de avanzar más rápidamente en el diseño de estrategias para proteger a esta población.
TUMBAN IMPUESTO A LA TELEFONÍA CELULAR
La Corte Constitucional tumbó un impuesto del 20 por ciento que debían pagar las compañías de telefonía celular, dinero que era destinado a financiar eventos deportivos culturales y bibliotecas públicas.
El Alto Tribunal declaró inexequible los artículos 10 y 11 de la Ley 1393 de 2010 referente a la definición de rentas de destinación especifica para la salud.
La corporación encontró que el objeto de la Ley es la generación y optimización de recursos para contribuir al financiamiento del sistema de seguridad social en salud, lo cual no se relaciona con lo contemplado en los artículos demandados.
Según la Corte, las normas acusadas se ocupan del manejo de recursos dirigidos a las bibliotecas públicas y al fomento y desarrollo del deporte y la cultura, aspectos que resultan totalmente ajenos a la materia regulada por dicha Ley.
CARACOL RADIO
POR DEUDA DE EPS, NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER SE QUEDARAN SIN ATENCIÓN MÉDICA EN BUCARAMANGA
La Clínica Materno Infantil San Luis dejara de atender a 76 menores enfermos de cáncer, porque la EPS Saludcoop adeuda 2.600 mil millones de pesos por estos tratamientos.
La directora de la Fundación Esperanza y Vida, Nury Esperanza Villaba, aseguró que este hecho es grave, porque se pone en peligro la vida de estas niñas y niños.
Sergio Eduardo Prada Marín, gerente de la IPS San Luis, afirmó que desde hace ocho meses no reciben por parte de Saludcoop pagó alguno por los servicios prestados a los niños enfermos de cáncer.
Manifestó que si ha habido inconvenientes en la prestación de los servicios de Oncología y Hematología a estos pacientes por problemas en los equipos médicos, pero no se le va a suspender “por el momento” la atención.